El artículo segundo reforma la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Algunos de los cambios más relevantes en Dependencia incluidos en la reforma publicada el pasado 3 de octubre son:

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO DE DEPENDENCIA

Se incrementa el catálogo de servicios.

Con la reforma, el catálogo de servicios ofertados por Dependencia incluirán:

• Prevención de las situaciones de dependencia. 
• Promoción de la autonomía personal.
• Teleasistencia.
• Ayuda a domicilio.
• Asistencia personal.
• Centros de día y de noche.
• Cuidados y apoyos en viviendas. 
• Atención residencial.
• Provisión de productos de apoyo para la autonomía personal. 

Teleasistencia:

1. Se reconocerá el servicio de teleasistencia para todos los grados de dependencia, como complemento al resto de servicios y prestaciones económicas que reciba la persona dependiente.
2. El servicio de teleasistencia se amplía, pasando del actual modelo de prevención y actuación en situaciones de emergencias, a funcionar también como medida de prevención y detección de situaciones de inseguridad, soledad o aislamiento, favoreciendo que la persona dependiente permanezca en su domicilio y participe en la comunidad.
3. La reforma añade diferentes  expresamente la videointerpretación en lengua de signos y la comunicación directa con agentes en lengua de signos.
4. También se contempla el uso de dispositivos universalmente accesibles.

Asistencia personal:

1. Se amplía a cualquier grado de dependencia sin distinción de edad.
2. Deja de estar vinculada principalmente a determinados ámbitos, como el educativo o laboral, y pasa a funcionar como un apoyo para desarrollar el proyecto de vida elegido por la persona dependiente.

Ayuda a domicilio: 

1. La ayuda podrá recibirse en el domicilio de la persona dependiente como hasta ahora, y se amplía a su entorno comunitario próximo, con el objeto de promover la autonomía y facilitar las actividades de la vida diaria.

Productos de apoyo en préstamo o cesión temporal:

1. La persona dependiente podrá solicitar durante el tiempo necesario aquellos equipamientos destinados a prevenir, compensar, aliviar o eliminar limitaciones en la autonomía o facilitar la participación en la comunidad.
2. Será un servicio complementario al resto, que no implicará reducir los servicios o prestaciones adicionales incluidos en el PIA.
3. El Consejo Territorial deberá establecer un catálogo mínimo común con los productos que podrán incluirse, quedando fuera los que corresponda proveer al Sistema Nacional de Salud.

Los centros de día también podrán prestar apoyos fuera del centro:

1. Hasta ahora, se limitaban a proporcionar cuidados y apoyos integrales dentro de los centros de día. La reforma indica que de manera adicional, deberán promover la autonomía, la estimulación cognitiva y física, las habilidades digitales y el apoyo psicológico y emocional.
2. Otra novedad sobre los centros de día, es que podrán prestar sus servicios a personas que residan en domicilios próximos.
3. En resumen: los apoyos ofrecidos por los centros de día podrán desarrollarse en el propio centro, en el domicilio de la persona, así como en otros entornos.

Cambia el modelo de residencias:

1. Se deberán transformar en un modelo más asimilable al hogar.
2. La  reforma establece que los servicios de residencia deben proporcionar un lugar para vivir en un entorno de confianza, bienestar, hogareño, inclusivo y accesible, favoreciendo además la participación en la comunidad.
3. Los cuidados deberán plantearse en función del proyecto de vida de la persona dependiente, teniendo en cuenta sus valores, preferencias, derechos e intimidad.
4. La atención residencial podrá ser  temporal o permanente, cuando se convierta en la residencia habitual de la persona.
5. En las estancias temporales en residencia, se incluyen expresamente situaciones de convalecencia, vacaciones, fines de semana, enfermedad o periodos de descanso de las personas cuidadoras no profesionales.

PRESTACIONES ECONÓMICAS INCLUIDAS EN EL CATÁLOGO DE DEPENDENCIA

Incremento de la cuantía de las prestaciones económicas.

El Consejo de Ministros aprobó la reforma con una inversión de 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027, la mayor desde la aprobación de la Ley 39/2006. Estas son las cuantías mensuales del nivel mínimo garantizado tras la reforma:

• Grado I (dependencia moderada): de 76 a 90 euros al mes
• Grado II (dependencia severa): de 130 a 260 euros al mes, un 100% más
• Grado III (gran dependencia): de 290 a 660 euros al mes
• Grado III+ (dependencia extrema): 660 euros pasan a 4.930 euros al mes en este nuevo tramo

El grado III+ fue creado por el Real Decreto-ley 11/2025 para situaciones de gran complejidad, como los casos de ELA en fase avanzada

Estas subidas generan confusión en la mayoría de familias, por lo que es clave aclarar que esas cantidades corresponden al nivel mínimo de protección que aporta la Administración General del Estado por cada persona beneficiaria, no a una prestación directa y automática de 660 euros para cada uno.

Lo que cobra realmente una persona en situación de dependencia implica un cálculo que tiene en cuenta otros factores: su capacidad económica (que en algunas CCAA es sólo de la persona dependiente, y en otras de toda la unidad de convivencia), la Comunidad de residencia que gestiona la prestación y puede modificar las cuantías. Por otro lado, si la persona dependiente es beneficiaria de otra prestación pública asimilable, como el complemento de gran invalidez, esa cantidad se podría de la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF).

Las CCAA deberán regular a qué destinarán el incremento de financiación estatal para la Gestión de Dependencia, que podrá ser utilizada para reducir las listas de espera en valoraciones, subida de las cuantías de las prestaciones económicas y compatibilización de las mismas. 

IMPORTANTE: Hasta que cada CCAA regule, no sabremos cómo afectará de manera directa a las cuantías que perciben las personas dependientes a través de las prestaciones económicas incluidas en el catálogo de Dependencia. Lo que cobraremos será distinto en función de nuestra Comunidad Autónoma, que será la que finalmente decida si ese dinero se aplica en aumentar las prestaciones económicas, incrementar horas de ayuda a domicilio, reducir listas de espera para las valoraciones, etc.

Prestación por cuidados en el entorno familiar

1. Una de las novedades sobre la PECEF es que, excepcionalmente, podrá No exigirse la convivencia de la persona dependiente con la persona cuidadora, siempre que exista un compromiso de cuidados sin contraprestación económica y ambas personas residan en viviendas próximas.
2. Las condiciones concretas de acceso tendrán que ser acordadas por el Consejo Territorial y posteriormente aprobadas por el Gobierno mediante real decreto.

Compatibilidad de prestaciones:

1. La reforma se orienta a la compatibilidad entre prestaciones. Ya sabéis que hasta ahora, la mayoría de Comunidades Autónomas NO permiten incluir en el PIA más de una prestación económica, teniendo que elegir el beneficiario entre la PECEF (cuidados en el entorno familiar), PEVS (vinculada a servicios)  o PEAP (asistencia personal).
2. IMPORTANTE:  ésto NO significa que se eliminen las incompatibilidades existentes entre prestaciones económicas del catálogo de Dependencia en las distintas Comunidades Autónomas el próximo 23 de octubre de 2026.
   Las CCAA deberán adaptar sus respectivos regímenes de incompatibilidad para garantizar la compatibilidad de todas las prestaciones de base domiciliaria.
   El plazo establecido en la reforma para esta adaptación de compatibilidades finaliza el 1 de enero de 2030, por lo que tendremos que esperar a que cada comunidad regule para saber qué podrá incluir el PIA de la persona dependiente, en función de su comunidad de residencia.

ACLARACIÓN SOBRE COMPATIBILIDAD DE SERVICIOS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

Es el caso de algunos servicios, como el de teleasistencia y el nuevo servicio de provisión de productos de apoyo, para los que la propia reforma incluye expresamente su carácter complementario.

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA PARA LA ASIGNACIÓN DE PRESTACIONES Y SERVICIOS

1. El Consejo Territorial deberá establecer criterios para determinar la capacidad económica de las personas usuarias del Sistema de Dependencia. Es decir, aún está pendiente de regular.
2. La ley establece que deberá excluirse la vivienda habitual y se tendrán que definir mínimos exentos tanto en el nivel de renta como de patrimonio.
3. Se deberá garantizar que la participación en el coste de los servicios no impida cubrir las necesidades básicas de las personas dependientes y sus familias.
4. Las CCAA deberán regular si la capacidad económica a contemplar es la de la persona dependiente o el de toda la unidad de convivencia, algo en lo que actualmente también hay diferencias entre comunidades autónomas.

NUEVO BAREMO PARA VALORAR LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

1. El Gobierno deberá aprobar un nuevo baremo de valoración de la situación de dependencia en un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la ley, previo acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
2. ACLARACIÓN: la aprobación de la Ley 4/2026 no implica que el próximo 23 de octubre se comience a valorar con un nuevo baremo. Seguiremos con el baremo actual hasta que se apruebe el nuevo.
3. La reforma también amplía la utilización de la escala específica de valoración infantil (EVE) hasta los seis años.

CUIDADORAS NO PROFESIONALES

1. La reforma plantea por primera vez, desarrollar servicios de apoyo para las cuidadoras no profesionales. Los criterios comunes mínimos para estos servicios deberán establecerse en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley. Estos servicios podrán incluir:
   • Asesoramiento, orientación y acompañamiento.
   • Apoyo psicológico individual y grupal.
   • Servicios de respiro.
   • Formación para mejorar la calidad de los cuidados.
   • Asesoramiento sobre accesibilidad de la vivienda y productos de apoyo.
   • Prevención de la sobrecarga física y emocional.
2. Además, las cuidadoras no profesionales que hayan tenido que dejar de trabajar para prestar los cuidados a la persona dependiente, pasarán a ser consideradas colectivo de atención prioritaria para las políticas de empleo.
3. La decepción: si estás buscando un reconocimiento económico (remuneración) de los cuidados asimilable al SMI o la posibilidad de jubilación anticipada para cuidadoras no profesionales, lamentablemente de ello no se recoge nada.

DECISIÓN SOBRE EL PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN ADECUADO

1. La reforma indica que el Programa Individual de Atención (PIA) tendrá que definirse según la propuesta que solicite la persona en situación de dependencia, determinando los servicios y prestaciones que se ajusten a su preferencia. 
2. Para que la persona dependiente pueda participar en la decisión sobre su PIA, tendrán que crear un trámite de consulta accesible y brindarle los apoyos que requiera para que pueda comunicar su preferencia.
3. En caso de que los servicios sociales hagan una propuesta de PIA distinta a la solicitada por la persona dependiente, deberán justificar el motivo y acreditar que se agotaron las opciones para respetar la elección del beneficiario.

TRAMITACIÓN URGENTE

1. La reforma indica que la Administración podrá acordar motivadamente la tramitación urgente en situaciones especialmente vulnerables a nivel económico, de vivienda, de accesibilidad, salud, aislamiento social, régimen penitenciario, violencia de género o sexual.

EQUIVALENCIA ENTRE DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD

Uno de los puntos que está causando más revuelo, publicaciones en redes (no muy adecuadas, cabe decir), es la equivalencia entre el grado de dependencia y la asignación de un porcentaje de discapacidad.

La reforma establece por primera vez la relación entre el reconocimiento de la dependencia y la discapacidad: 

• Las personas con grado I de dependencia serán consideradas personas con un 33% de discapacidad 
• Las personas que tengan reconocidos los grados II o III de dependencia, serán consideradas con un 65% de discapacidad.

Sin embargo, esto no debe confundirse con la expedición automática de un nuevo certificado o tarjeta acreditativa de discapacidad.

La Ley 4/2026 establece una asimilación legal entre ambos reconocimientos, pero no señala que las administraciones autonómicas tengan que emitir automáticamente un certificado ordinario de discapacidad del 33% o del 65% a todas las personas que ya tengan reconocida la dependencia.

Esta diferencia resulta especialmente importante a la hora de determinar qué documento será necesario para acreditar cada derecho o beneficio concreto, para lo que será necesario analizar la normativa reguladora de cada ayuda, servicio, prestación, derecho o convocatoria.

La Ley 4/2026 introduce además una exclusión expresa: no será de aplicación en el ámbito tributario la asimilación entre dependencia y discapacidad.

Esto significa que una persona con grado II de dependencia, por ejemplo, no podrá considerar automáticamente que tiene un 65% de discapacidad a efectos fiscales únicamente por esta nueva equivalencia.

La Ley 4/2026 establece un plazo máximo de seis meses desde su entrada en vigor  para que las comunidades autónomas y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales adapten sus sistemas de información y gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia al contenido de la reforma.

Esto no significa que la equivalencia del artículo 4.2 se postergue seis meses: la ley entra en vigor el 23 de octubre. El plazo afecta a la adaptación de los sistemas administrativos.

Resumiendo:

1. La equivalencia no reemplaza la valoración específica por parte de la administración competente en discapacidad, ya sea anterior o posterior a la concesión del grado de dependencia. Es una manera de “facilitar” la gestión, y obtener un reconocimiento en discapacidad sin necesidad de hacer una solicitud específica, en aquellos casos que la persona lo considere.
2. La Ley 4/2026 establece una asimilación legal entre ambos reconocimientos, pero no obliga a que las administraciones autonómicas deban emitir un certificado ordinario de discapacidad del 33% o del 65% automáticamente a todas las personas que ya tengan reconocida la dependencia.
   Ésto es determinante a la hora de definir qué documento o certificado será necesario para acreditar cada derecho o beneficio concreto a los que podrá acceder una persona con grado I, II o III de dependencia por la equivalencia  con discapacidad.
3. El reconocimiento del grado de discapacidad por equivalencia, NO tendrá (de momento) la misma validez que la del grado de discapacidad obtenido por la valoración de la administración específica. La exclusión aparece expresamente recogida en la nueva redacción del artículo 4.2 de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad: se indica que el grado de discapacidad conseguido por equivalencia no tendrá efectos tributarios. ¿Y eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, las reducciones y deducciones fiscales en la Renta para contribuyentes, así como por ascendientes, descendientes o cónyuges con discapacidad, no se podrán aplicar. Por tanto, los € 100/mensuales de la deducción estatal en esos casos, no se van a poder cobrar, entre otros beneficios tributarios que existen en la actualidad para personas con discapacidad.
4. Para aplicar beneficios fiscales relacionados con la discapacidad habrá que comprobar los requisitos específicos establecidos en la normativa tributaria correspondiente (IRPF, ISD, etc).
5. Las comunidades autónomas deberán regular tanto en materia tributaria (en impuestos delegados), así como en su competencia sobre la tramitación y reconocimiento tanto de dependencia como de discapacidad.

En estos días, publicaré un resumen de las novedades relacionadas con la CUME incluidas en la reforma (mientras seguimos esperando la modificación del Real Decreto 1148/2011 en el resto de puntos relativos a la prestación por cuidado de menor con enfermedad grave). Espero que esta publicación te haya aclarado algunas dudas.